La comunidad que Juan López, el ambientalista, defendió con determinación pide justicia. Entre sus exigencias se encuentran una investigación independiente y profunda sobre el asesinato, la protección inmediata de los defensores del Comité de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, y la cancelación definitiva del megaproyecto que pone en riesgo a las comunidades locales.
En una conferencia de prensa, los defensores demandan que el Estado hondureño reconozca su responsabilidad por la falta de protección y la persecución penal injusta hacia López y otros activistas. Este lamentable asesinato resalta, una vez más, la urgente necesidad de abordar la creciente violencia que enfrentan los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en Honduras. La conferencia de prensa destacó que el asesinato de Juan López no es un evento aislado, sino el resultado de años de amenazas, criminalización y un clima de terror que sufren los defensores del territorio en Honduras. Desde hace tiempo, Juan López y sus colegas del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa habían denunciado las amenazas de muerte que recibían por su decidida oposición al megaproyecto minero de Emco Holdings.
Los pinares de Ecoteck, que afectan al Parque Nacional Montaña de Botaderos, fueron un tema central durante la conferencia. Se informó que, a pesar de haber presentado múltiples denuncias penales ante las autoridades, incluido el Ministerio Público, las amenazas nunca fueron atendidas. «El Estado tuvo múltiples oportunidades para proteger a Juan y a otros defensores, pero ignoraron nuestras advertencias», afirmaron los representantes del Comité.
Esta falta de acción permitió que la violencia aumentara, como se evidenció en los asesinatos de otros defensores en 2023, entre ellos Oqueli Domínguez, Aly Domínguez y Jairo Bonilla. La conferencia de prensa fue llevada a cabo por el Comité de Bienes Comunes y Públicos en Tocoa, Colón. Foto: redes sociales.
Demandaron una investigación imparcial en colaboración con el Comité, excluyendo a las autoridades locales que perpetúan la violencia en la zona. En segundo lugar, exigieron protección inmediata para los defensores, instando al Estado hondureño a cumplir con su deber de salvaguardar a los miembros del Comité y su equipo legal, implementando de inmediato las medidas cautelares solicitadas por la CIDH. En tercer lugar, exigieron la cancelación definitiva del megaproyecto minero, ya que consideran que vulnera los derechos de las comunidades locales y el medio ambiente del Parque Nacional Montaña de Botaderos. Cuarto, reclamaron que el Estado de Honduras reconozca su responsabilidad por la falta de protección que podría haber salvado la vida de Juan López, así como por la criminalización injusta que él y otros defensores han sufrido.
Asimismo, se demandó la protección integral de la familia de López y sanciones para los funcionarios que, por acción u omisión, permitieron que la violencia persistiera. En quinto lugar, se pidió justicia para Juan López, exigiendo que se sancione a todos los responsables, tanto en el ámbito público como privado, por su implicación en los crímenes contra él y otros defensores.
