El 21 de diciembre de 2024, en Choluteca, Honduras, fueron detenidos en flagrancia el abogado privado Wilson Adalid Herrera Álvarez y el empleado judicial Carlos Francisco Aguilar Macías, quienes se desempeñaba como escribiente en un juzgado de la ciudad. Ambos fueron arrestados en un centro comercial de la ciudad mientras recibían un maletín que contenía 1.5 millones de lempiras, como parte de un pago inicial de tres millones que exigían a un ciudadano para detener una supuesta investigación en su contra.

La detención fue resultado de una operación coordinada entre la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), quienes habían estado investigando el caso tras la denuncia de la víctima. Los detenidos enfrentan cargos por extorsión y asociación para delinquir.

Este incidente resalta la importancia de la vigilancia y la acción decidida contra la corrupción y el abuso de poder dentro del sistema judicial, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia y protección para las víctimas de extorsión.