Miles de hondureños marcharon este martes en la capital en apoyo al gobierno izquierdista de Xiomara Castro para que sea aprobada una ley que obliga a pagar impuestos a los grandes empresarios, pero que es rechazada por la oposición mayoritaria en el Congreso.

“Sí a la Ley de Justicia Tributaria”, decía una manta que llevaban los manifestantes, –más de 10.000 según organizadores–, vestidos de rojo y negro, colores del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre).

Los manifestantes se reunieron en el bulevar Morazán, este de la ciudad, y marcharon medio kilómetro hacia el Congreso, centro.

“Lo que la gente está pidiendo es bien claro: que nosotros en el Congreso aprobemos la Ley de Justicia Tributaria”, afirmó el presidente del Congreso, Luis Redondo, al participar en la movilización.

Una de las manifestantes, Rita Madrid, de 54 años, empleada del Ministerio de Turismo, dijo a la AFP que los diputados “deben aprobar la Ley de Justicia Tributaria [porque] todos tenemos que pagar impuestos, así como los pobres pagamos impuestos porqué los ricos no pagan”.

La ley, enviada por Castro al Congreso el 26 de abril, desató la indignación del sector privado, que asegura que de ser aprobada provocará la “extinción” de miles de empleos.

El oficialismo no ha logrado la aprobación porque tiene solo 50 bancas en el Legislativo, de un total de 128.

El proyecto busca acabar con las “redes de corrupción público-privadas [que] conspiraron contra el bienestar común concediendo el privilegio de no pagar impuestos a una minoría” de acaudalados empresarios, según su texto.

Asegura que tras el golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, el marido de Castro, los sucesivos gobiernos exoneraron de tributos a empresas por un monto que “supera el total de la deuda pública” de Honduras, de 20.000 millones de dólares.

Afirma que la falta de ingresos fiscales mantiene al 74% de los hondureños en la pobreza y causó “más de un millón de exiliados económicos”.

“Queremos también la CICIH”, añadió Madrid en alusión a la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.

La creación de la CICIH es una promesa de campaña de Castro y sería similar a una que funcionó en Guatemala, con aval de la ONU, entre 2007 y 2019. Pero el acuerdo debe pasar también por la aprobación del Congreso.