Ocho sobrevivientes del incendio en la estación migratoria de Gobierno mexicano en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, norte del país, y sus familiares exigieron el miércoles de ayer información periódica a las autoridades sobre acciones para garantizar verdad, justicia y reparación del daño, en los hechos registrados el pasado 27 de marzo donde murieron 40 migrantes y 27 resultaron heridos.
Además, pidieron atención a sus necesidades económicas y de salud física y mental en México y en sus países de origen.
En un comunicado apoyado por organizaciones como el Instituto para las Mujeres en la Migración, Fundación para la Justicia y Asylum Access México, las víctimas pidieron al Gobierno mexicano la inscripción de todas las víctimas y sus familias al Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la Secretaría de Gobernación (Interior) de México.
«Hace más de 100 días nuestras vidas cambiaron para siempre. Nosotros llegamos a México no para quedarnos sino para avanzar hacía nuestra meta: encontrar protección y mejores oportunidades para nuestras hijas, hijos y familias. Nadie nos dijo que el precio sería el encierro, la pérdida de la salud y la vida», señalaron en el comunicado.
Recordaron que el 27 de marzo de 2023, «poco antes de las 23.00 horas, un incendio nos consumió, quitó la vida de 40 compañeros y a 27 nos dejó con secuelas de por vida en nuestra salud física y mental, a algunos nos amputaron parte de nuestro cuerpo».
Señalaron que después del incendio, pasaron más de un mes hospitalizados y «hoy seguimos en atenciones médicas, algunos con secuelas neurológicas, con movilidad limitada, con quemaduras externas e internas de nuestros órganos, uno de nosotros perdió un brazo. La vida no será la misma y son nuestras familias las que asumirán ese costo», apuntaron.
Señalaron que aunque han recibido apoyo, «algunas autoridades mexicanas nos tratan con desprecio» y acusaron que la CEAV «no nos ha dado información clara. Necesitamos nuestros expedientes médicos».
«No somos criminales ni estamos aprovechándonos de este país, como nos lo ha dicho la CEAV y el Instituto Nacional de Migración (INM). Somos personas que buscábamos darles mejores oportunidades a nuestras hijas, hijos y familias», apuntaron en el comunicado.
«Lo mínimo que queremos es justicia. Que esto no le pase a ninguna persona migrante y solicitante de protección en este país», exigieron.
El pasado 30 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) de México indicó que un video del incendio en la estación migratoria tenía que mantenerse en secrecía ya que forman parte de una investigación penal en proceso.
Mientras que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo estar en desacuerdo con ocultar los videos y prometió que habrá justicia, tras poco más de dos meses del siniestro.
Tras la tragedia, una decena de personas han sido detenidas, mientras que el director del INM, Francisco Garduño, le fue abierto un proceso judicial porque la FGR lo acusa de omisión de funciones por su rol en los hechos, pero se mantiene en libertad y sin renunciar a su cargo.
El presidente López Obrador ha justificado en diversas ocasiones que Garduño permanezca como titular de Migración, aunque ha prometido que no se protegerá a nadie, además de que habrá justicia.
