La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) presentó requerimientos fiscales en tres casos distintos vinculados a corrupción y uso indebido de fondos públicos. Las acciones legales están dirigidas contra exfuncionarios de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), exautoridades de Banadesa y empresarios guatemaltecos acusados de defraudar al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

En el primer caso, se acusa al exdirector de la OABI, Jorge Gonzáles Salinas, y a tres exfuncionarios por gestionar de forma ilegal la devolución de una vivienda, vehículos y una empresa incautados en la operación “Magnate” en 2022.

El segundo requerimiento involucra a representantes de una constructora, una cooperativa y exfuncionarios de Banadesa por fraude y lavado de activos. Usaron de forma irregular un fideicomiso destinado a la construcción del mercado “Las Acacias” en Juticalpa, proyecto que nunca se ejecutó. El perjuicio económico supera los 2.8 millones de lempiras.

Finalmente, los guatemaltecos Pablo Andrés Barillas y Marisol Figueroa enfrentan una orden de captura internacional por presunto lavado de activos. Se les acusa de desviar 9.7 millones de lempiras del IHSS mediante empresas fachada entre 2010 y 2014. Como parte de la investigación, el Ministerio Público aseguró cuentas bancarias y sociedades mercantiles utilizadas para mover los fondos ilícitos.