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jueves, junio 20, 2024

Subcomisario y dos policías arrestados por »pedir mordida» a sujeto que portaba arma ilegal 

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Luego de que se ejecutara la captura de un oficial y dos agentes de policía, a quienes se les imputa los delitos de cohecho y abuso de autoridad, un equipo de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) los han remitido al juzgado para el proceso penal correspondiente.

Los acusados son el subcomisario de policía Norman Edelberto Fajardo Cruz, los policías José Fito Pérez Bautista y Aníbal Edgardo Lara Escoto; en este caso también se acusó al ciudadano civil de nombre Alejandro José Zúniga Luna supuesto responsable del delito de cohecho cometido por particular en perjuicio de la administración pública.

De acuerdo a las diligencias efectuadas por agentes de investigación de los delitos en contra de la administración pública y patrimonial de la ATIC bajo la dirección de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), el pasado sábado los uniformados requirieron al ciudadano, encontrándole un arma de fuego, de la cual no portaba el permiso respectivo en ese momento.

Es así que los tres policías le solicitan la cantidad inicial de 10 mil lempiras al ciudadano para evitar ser detenido y que pueda seguir su marcha, luego de pláticas, finalmente Zúniga Lara realizó una transferencia bancaria electrónica, con la suma de 30 mil lempiras.

Al momento que la autoridad requirió al civil acusado se desplazaban por la colonia Altiplano de San Pedro Sula y de acuerdo a la investigación la patrulla en la cual se conducían esta asignada a la Unidad Metropolitana de Policía 5.

En tal sentido, el juez que conoció la causa decretó la detención judicial de los tres funcionarios policiales ordenando remitirlos al centro penal de El Progreso, Yoro; mientras tanto al otro ciudadano al centro penal de Tela, Atlántida. La audiencia inicial se programó para el próximo jueves 11 de mayo.

La ATIC invita a la ciudadanía a denunciar de manera anónima y confidencial los delitos en contra de la administración público.

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