El inicio de la construcción del tan esperado puente sobre el río Santa Ana, en la prolongación del bulevar Jardines del Valle, ha sufrido un retraso. A pesar de que el alcalde Roberto Contreras colocó la primera piedra el 18 de mayo, han transcurrido 25 días y la constructora aún no ha iniciado los trabajos.
El puente, cuyo costo asciende a la suma de 150 millones 125 mil 604 lempiras, tiene como objetivo conectar el bulevar de Jardines del Valle con el sector Intersindical, brindando beneficios a más de 50,000 vecinos de la zona. Sin embargo, el avance de esta importante obra se encuentra obstaculizado debido a la falta de aprobación del acta de recomendación para adjudicar la supervisión del proyecto.
La Corporación Municipal tenía previsto discutir y aprobar el acta en la sesión anterior; sin embargo, el documento fue retirado debido a algunas incongruencias encontradas en el acta de recomendación. La principal discrepancia se basa en el hecho de que no se está otorgando la supervisión a la empresa que presentó la oferta más baja, sino a la que ofreció el monto más alto.
De acuerdo con el acta de recomendación, cinco empresas retiraron los términos de referencia y solo cuatro presentaron ofertas. Las empresas y sus respectivas ofertas fueron las siguientes: Asociación de Consultores en Ingeniería S. de RL, ACI s de RL, presentó una oferta por L.7,377,879.28; Saybe y Asociados ofreció L.3,793,076.70; Asociación de profesionales S.A de CV presentó L.3,790,723.25; y Consultores en Ingeniería, Cinsa, L.5,433,000.
La comisión de evaluación y recomendación, según el acta emitida el 21 de mayo, sugiere adjudicar la supervisión de la construcción del puente sobre el río Santa Ana a la empresa Asociación de Consultores en Ingeniería S de RL. Argumentan que esta elección se basa en el principio de eficiencia y en lo que consideran más conveniente para los intereses de la Municipalidad.
Sin embargo, algunos corporativos han expresado su sorpresa ante esta decisión, ya que la oferta seleccionada es la más alta en términos monetarios. Esto ha generado dudas y ha llevado a que la supervisión no haya sido adjudicada.
Los defensores de la elección de la empresa argumentan que cumple con todos los requisitos establecidos en los términos de referencia, a pesar de no ser la oferta más baja según consta en el acta.
La Municipalidad de San Pedro Sula tiene asignados 8,044,957 lempiras en su disposición presupuestaria para cubrir los costos de la supervisión. Esta cantidad sería suficiente para la empresa recomendada por la comisión evaluadora. Sin embargo, algunos regidores expresan su preocupación, afirmando que no se ha seguido el debido procedimiento.