Cuatro senadores demócratas expresaron este lunes en una carta al gobierno de Estados Unidos su preocupación por el impacto que tendrá la eventual suspensión del Título 42, la normativa sanitaria que permite expulsar a la mayoría de migrantes que llegan a la frontera con México.
Los senadores remitieron la carta al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, a quien pidieron también que explique cómo se ha preparado la Administración para este momento.
El gobierno de EE.UU. ya anunció el martes pasado que ha puesto marcha un plan para acabar con el Título 42, como se le conoce a esta regulación, en cumplimiento con una orden de un juez federal que le dio al gobierno hasta el 21 de diciembre para acatar un fallo que le obliga a suspender la normativa.
En su carta, los senadores expresan su “profunda preocupación sobre el repentino impacto que el fallo del 14 de noviembre (…) podría tener sobre las comunidades fronterizas, las ONG», los trabajadores del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los migrantes”.
Los legisladores, entre ellos Kristen Sinema y Mark Kelly, del estado fronterizo de Arizona, pidieron a Mayorkas que responda a varias preguntas sobre la preparación de su departamento, entre ellas la de cómo va la agencia a asegurarse que haya suficientes recursos dedicados a patrullar la frontera e “interceptar individuos” que intenten cruzar de manera irregular.
También piden que explique de qué manera están apoyando y asegurando que las ONG y los gobiernos locales tengan los recursos suficientes para hacer frente a la llegada de migrantes.
Los legisladores citan en la carta un memorando redactado en abril por el propio Mayorkas en el que anticipa que “los niveles de migración (hacia EE.UU.) aumentarán” cuando se suspenda el Título 42.
En ese mismo documento, DHS asegura que desde septiembre de este año está preparándose para cuando se ponga fin a la normativa, con medidas como aumento de personal en la frontera, un mayor uso de la deportación acelerada para las personas que no cumplen con los requisitos para permanecer legalmente en el país y coordinación con organizaciones sin ánimo de lucro.
A mediados de noviembre, el juez federal del Distrito de Columbia Emmet Sullivan emitió un fallo ordenando la suspensión del Título 42, al que calificó de “arbitrario y caprichoso”.
Esa regulación, que comenzó a aplicarse en 2020 durante la Administración del expresidente Donald Trump y que se ha mantenido durante la actual de Joe Biden, fue emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) y ha permitido la expulsión de más de 2,5 millones de migrantes, según datos de la organización International Rescue Comittee.
El fallo fue el fruto de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que alega que el Título 42 pone a los migrantes en una situación de peligro y viola la ley de asilo estadounidense.
La resolución judicial no solo tumba una de las últimas barreras impuestas por Trump a la inmigración que quedaban en pie, sino que supone un desafío para la Administración de Biden en un momento en que se registran detenciones récord de migrantes indocumentados en la frontera con México.
Solo en octubre hubo 230.000 arrestos en la frontera entre EE.UU. y México, con más de 78.400 expulsiones del territorio estadounidense.
