En una reunión de subsecretarios de Seguridad y Defensa se buscó evaluar los alcances de la implementación del estado de excepción parcial (PCM 029-2022), con representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras.

Los subsecretarios de Seguridad, Hugo Suazo, Defensa Nacional, Elias Melgar y Derechos Humanos, Guido Eguigure, sostuvieron el intercambio interinstitucional con los delegados del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Existe un fuerte compromiso del Estado de Honduras en transparentar los procesos que se realizan en el marco del estado de excepción, con lo que se avanza en el control de los delitos que generan las estructuras criminales asociadas con la extorsión y delitos conexos, sin que esto conlleve a la violación de derechos constitucionales, comentó el subsecretario de Seguridad. 

Los representantes de las organizaciones coinciden en la importancia de un abordaje integral al flagelo, que se convirtió en los últimos años en un generador de violencia en el país, siempre que estas acciones no representen una vulneración a las garantías de las personas que resultan detenidas en el marco de la aplicación del PCM.

Desde su implementación el pasado 6 de diciembre, el PCM 029-2022, ha permitido a la Policía Nacional la detención de integrantes de estructuras criminales vinculados no solo a maras y pandillas, sino, a otros grupos delictivos organizados, lo que contribuyó a la disminución de la incidencia delictiva, principalmente, en el tema de muertes violentas.

En el espacio de discusión se hicieron valoraciones y recomendaciones sobre los mecanismos de aprehensión de ciudadanos, su traslado a las instancias policiales, así como, el uso proporcional de la fuerza durante las intervenciones en las zonas contempladas en el estado de excepción, comentó Carlos Mendes, del Conadeh. 

Los representantes de derechos humanos estarán presentando en los próximos días un informe donde plasmarán las valoraciones con las que buscan configurar una normativa para el decreto si este es prolongado en tiempo y espacio por el Consejo de Ministros.