Los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) nombró de oficio este martes jueces ejecutores para que investiguen la situación de los presos en los centros penitenciarios del país.

El recurso de exhibición personal correctivo número 432-2023 presentado por los magistrados fue admitido y se nombró como jueces ejecutores a los defensores públicos Silvia Chinchilla y Wilmer Hernández para que se investigue el estado en que se encuentran los privados de libertad.

El propósito es salvaguardar la seguridad individual de los reclusos y mantener el orden en los centros penitenciarios de Ilama, Santa Bárbara; Morocelí, El Paraíso; y Siria y Támara, en Francisco Morazán.

Estas cárceles fueron escenario el fin de semana de varios enfrentamientos que dejó 11 heridos y un muerto.

Honduras tiene actualmente 25 centros penitenciarios, tres de ellos conocidos como cárceles de máxima seguridad. Alberga a 19 mil 450 privados de libertad, de los que el 48 % están en condición de procesados.

Las fugas masivas, reyertas, matanzas y tráficos de drogas, armas y explosivos son el pan nuestro de cada día en los llamados módulos de máxima seguridad.