En ese sentido, ejemplificó el caso de México, donde en 2012 su congreso aprobó un decreto para registrar a los propietarios de las tarjetas SIM, pero fue derogado un par de años después por no disminuir la criminalidad y resultar costoso.

«Las actividades extorsivas o delictivas aumentaron, se derogó luego de 2 o 3 años por ser ineficaz e ineficiente utilizando los recursos públicos y privados no de la mejor manera», detalló Gallitto en el foro Frente a Frente de Canal 5.

El experto hizo estas declaraciones considerando que el Congreso Nacional de Honduras está por discutir en tercer y último debate el proyecto de ley para la protección de los usuarios de las telecomunicaciones, el cual busca crear una base de datos de propietarios de SIM para reducir los delitos como la extorsión.

Al respecto, Gallitto señaló que habrá otros mecanismos en los que los criminales realizarán sus fechorías, como el uso de SIM extranjeras y mecanismos OTT, como las redes sociales.

«Este tipo de iniciativas no contribuyen a mejorar la situación de la población en relación a delitos extorsivos o similares, sino por el contrario son un elemento que consume los recursos públicos y privados que podrían utilizarse de una manera más eficaz y eficiente», finalizó.