La Corte de Apelaciones confirmó la sentencia de privación de dominio contra Ebal Jair Díaz Lupián, al concluir que no pudo justificar el origen de L 32,537,274.30 que manejó entre 2017 y 2022.

Esta resolución valida la decisión del Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, emitida el 29 de octubre de 2024, y rechaza el recurso presentado por su defensa.

De ese total, el Estado ha logrado asegurar L 7,045,098.24, quedando pendientes L 25,492,176.06 por recuperar.

El fallo se basó en un análisis financiero que incluyó información de entidades públicas y privadas, revelando que Díaz gestionó considerables sumas sin justificación legal, utilizando varias cuentas bancarias, de las cuales siete seguían activas al momento de la investigación.

Los magistrados destacaron que el derecho a la propiedad no se protege cuando esta se obtiene de forma ilícita o se usa para fines ilegales, y recordaron que la privación de dominio es una herramienta legal que permite al Estado recuperar bienes derivados de actividades ilícitas, sin requerir una condena penal previa, siempre que se demuestre el origen ilegal.

Este fallo representa un avance más en la lucha del sistema judicial hondureño contra la corrupción, reforzando el compromiso con la transparencia y el interés público.