Una propuesta de ley impulsada en el Congreso Nacional, que busca entregar licencias ambientales de manera inmediata mediante un mecanismo especial y simplificado, ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil. El proyecto, promovido por el diputado Luis Redondo, ya fue sometido a primer y segundo debate y se espera su aprobación final el 13 de mayo.

El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) expresó su rechazo a esta iniciativa, advirtiendo que podría aumentar la opacidad en los procesos de licenciamiento ambiental y excluir a las comunidades afectadas. Según CESPAD, esta ley representa un retroceso en transparencia y participación ciudadana en un país donde los conflictos socioambientales y la criminalización de defensores ambientales son frecuentes.

El proyecto de ley contempla que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) pueda emitir licencias de forma inmediata, y otorga prioridad a proyectos en sectores como infraestructura, energía renovable, agroindustria, turismo sostenible y vivienda social, así como a iniciativas respaldadas por organismos multilaterales.

Además, la propuesta permite a SERNA reorganizar su presupuesto interno para implementar la ley y exige el cumplimiento estricto de los plazos por parte de todas las instituciones involucradas. Sin embargo, CESPAD argumenta que esta aceleración en los procesos puede vulnerar derechos fundamentales de las comunidades y eliminar salvaguardas ambientales.

Finalmente, CESPAD hizo un llamado a organizaciones comunitarias, indígenas, afrodescendientes, campesinas, de mujeres y de defensa territorial a mantenerse informadas y en alerta. La organización advierte que aprobar licencias ambientales sin control ni participación social amenaza el derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios y puede agravar los conflictos ya existentes