Las Fuerzas Armadas, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ya tomó el control de las 25 cárceles hondureñas, reportó este sábado el coronel Fernando Muñoz.
Tal como fue la instrucción de la presidenta Xiomara Castro, a contar de este 1 de julio la administración y control de los presidios pasa a manos del instituto castrense, como una de las medidas para retomar la gobernabilidad del Sistema Nacional Penitenciario.
El comandante de la PMOP, informó que las Fuerzas Armadas están instaladas en los 25 penales del país, e incluso cada director y subdirector fue relevado por un mando militar.
Recordó que previó al control total este sábado, se realizaron sendas requisas en los penales –femenino y masculino- de Támara, así como en Ilama en Santa Bárbara (El Pozo), Morocelí en El Paraíso (La Tolva) y El Porvenir en Francisco Morazán (Siria).
En los operativos de esta semana se encontraron poderosos arsenales, drogas, aparatos electrodomésticos, dinero en efectivo, instrumentos musicales y muchos objetos prohibidos que retratan la corrupción que ha imperado en la administración penitenciaria.
“Las cárceles estaban inundadas de armas y artefactos explosivos, pero no hay que creer que las encontramos todas, vamos a continuar hasta limpiar estos espacios carcelarios”, expresó Muñoz.
Relató que los cuerpos de seguridad reciben críticas por la forma en que someten a los criminales recluidos en las cárceles, pero citó que muchas veces estas estructuras ilícitas están mejor armados que policías y militares.
Destacó que pese a la intensidad de las requisas en las cinco principales cárceles hondureñas, no se suscitaron enfrentamientos o hechos que lamentar.
Manifestó que “no hemos parado de encontrar armas, municiones, explosivos, drogas y objetos ilícitos, pero seguimos con el proceso de limpieza porque estamos claros que hay más”, reiteró.
El coronel Muñoz prometió que no tolerarán al personal que contribuya a introducir armas a los presidios y que cuando eso ocurra se castigarán con todo el peso de la ley.
Dijo que las llamadas que salen de las cárceles serán desmanteladas, al tiempo que advirtió que si las estructuras criminales toman represalias con grupos que no están recluidos, igualmente las acciones de las autoridades serán rígidas hasta lograr que haya tranquilidad en el país.
La matanza de 46 privadas de libertad el pasado 20 de junio en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), obligó al gobierno a replantear las estrategias para recobrar la gobernabilidad en los presidios hondureños calificados como “escuelas del crimen”.
Previo a la cruenta masacre de reclusas en Támara, se había declarado emergencia en el sistema penitenciario a raíz de balaceras múltiples en las principales cuatro cárceles hondureñas. La designada para llevar a cabo la intervención fue Julissa Villanueva, quien a lo largo de 70 días tuvo un tibio desempeño que se acompañó con una decena de sucesos violentos en el interior de las ergástulas carcelarias.
Ante la gravedad de los acontecimientos la medida gubernamental más significativa fue asignar el control de los recintos carcelarios a las Fuerzas Armadas, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), un cuerpo élite creado en la administración gubernamental anterior y que incluso fue calificado como la oposición de aquel entonces -pero que hoy gobierna el país- como la guardia pretoriana de Hernández.
