La concurrida noche del viernes en un centro comercial de Perú terminó en tragedia cuando una parte de la cúpula colapsó por razones aún no determinadas, lo que resultó en la muerte de ocho personas, incluyendo tres menores de edad, y dejó a 80 heridos de diversas gravedad.
Las labores de rescate de las víctimas atrapadas bajo los escombros siguen 24 horas después del incidente, ocurrido en el centro comercial Real Plaza, en Trujillo, la tercera ciudad más grande del país.
La gran cúpula que cubría la zona de comida se desplomó sobre los restaurantes del centro comercial y un parque infantil.

El Ministerio del Interior, en un comunicado, informó que se reportaron más de 80 heridos y la lamentable muerte de ocho personas, entre ellas tres niños.
Entre los fallecidos se encontraba un suboficial de la policía, su esposa y su bebé de dos años.
De los 80 heridos, se ha confirmado que una treintena ya ha sido dada de alta, aunque el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, indicó que tres niños se encuentran en estado crítico.

Las labores de rescate son difíciles debido al riesgo de colapso de la estructura, ya que parte de la cúpula sigue en pie, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia (COER).
Las causas del colapso aún son desconocidas. Los responsables del centro comercial aseguraron que se cumplieron todos los protocolos de mantenimiento y supervisión.
Garlet Rodríguez, directora de operaciones de Real Plaza, explicó a los medios locales que el edificio pasó una inspección en septiembre del año pasado, y no se encontraron problemas estructurales.
La empresa se comprometió a colaborar con la investigación para esclarecer los hechos.
El Ministerio Público aseguró que investigará con rigurosidad, objetividad y rapidez para determinar las causas del accidente e identificar a los responsables para que reciban las sanciones correspondientes.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, destacó la necesidad de una investigación exhaustiva y de sancionar severamente a los responsables, subrayando que el interés económico no debe estar por encima del derecho a la vida.