El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este martes una ley de derechos digitales que, entre otras cosas, brinda a los consumidores la capacidad de corregir los datos personales recopilados en línea.

“Básicamente establece una serie de protecciones para los floridanos con respecto al ámbito digital, empezando por el derecho a controlar los datos personales, incluido el derecho a confirmar el acceso y eliminar los datos personales de una plataforma social”, dijo DeSantis.

El gobernador hizo un alto en su campaña para las primarias republicanas de 2024 para participar en un acto en The Villages, en el centro de Florida, durante el cual firmó la ley SB262, que entrará en vigor el 1 de julio próximo.

La nueva ley reconoce a los usuarios el derecho a controlar los datos personales y el derecho a saber que esos datos no serán utilizados en su contra al momento de comprar una vivienda, obtener un seguro de salud o ser contratado, según un comunicado de la Gobernación.

También reconoce el derecho a saber cómo los motores de búsqueda de Internet manipulan los resultados de búsqueda, el derecho a optar por que no se vendan sus datos personales y el derecho a proteger a los niños de la recopilación de datos personales.

En el comunicado se destaca que esta legislación requiere que “Google y otros grandes motores de búsqueda revelen si dan prioridad a los resultados en función de la ideología política”.

Además, “prohíbe que los empleados del gobierno estatal o local se confabulen con las grandes empresas tecnológicas para censurar el discurso”.

Al subrayar que los floridanos tienen derecho a controlar sus datos personales, DeSantis asegura en el comunicado: “nunca más los oligarcas de la Big Tech (las grandes firmas tecnológicas) van a poder manejar y adueñarse de tu información personal ni te van a poder privar del derecho a acceder, confirmar y borrar los datos que desees”.

La representante Fiona McFarland, una republicana de Sarasota que ha trabajado en el proyecto de ley durante tres años, dijo que las regulaciones más estrictas del proyecto de ley tienen como objetivo proteger a los niños.