Ante el anuncio de demanda de Próspera Inc. Contra el Estado de Honduras, el país está listo para enfrentar la misma con una defensa sólida, porque ellos no tuvieron intención de negociar defendió el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero.

«Nosotros estuvimos abiertos al diálogo, lamentablemente nunca pudimos sentarnos directamente con los señores de Próspera , mandaron intermediarios y nunca llegaron con la intención de conversar y llegar a un acuerdo, sino de ponerle condiciones al Gobierno», zanjó el funcionario.

El ministro de SDE, manifestó que siguen dispuestos al diálogo, pero si los empresarios de Próspera insisten el país está listo para la defensa.

«Nos defenderemos», dijo al tiempo que adicionó que de no ser posible ningún acuerdo y la demanda prospera, el país ya tiene listo un equipo de abogados para dirimir el conflicto en un arbitraje internacional.

La situación podría arreglarse si existiera voluntad de parte de los demandantes porque Honduras sigue anuente al diálogo, reiteró.

En ese sentido, ejemplificó que para el caso hay  otras dos ZEDE existentes en Honduras ubicadas en Choluteca y Cortés; y en ambos casos ya están en proceso de cambiar de régimen especial, luego de conversaciones sin condiciones entre ambas partes, algo que se podría aplicar con Próspera, pero ellos se  negaron por insistir en firmar un acuerdo de confidencialidad para negociar, mismo que según recomendaciones legales no es recomendable para el país, explicó.

En cuanto al monto de la demanda dijo que «es muy poco probable que el monto de 10,775 millones de dólares sea la cifra que el Estado de Honduras tenga que pagar si la demanda es fallada contra nuestro país».

Concluyó que es una cifra que está fuera de toda realidad.

Próspera, comunicó el martes que interpuso la demanda en contra del Estado de Honduras por la cantidad de 10,775 millones de dólares; la misma fue interpuesta ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra el Estado de Honduras para protegerse de las violaciones al derecho internacional y hondureño.