La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el miércoles una nueva ley de ciberdelitos que impone penas de cárcel para quienes publiquen comentarios que generen “alarma” en redes sociales. Esta medida ha sido criticada por los medios opositores en el exilio, quienes la llaman “ley mordaza”.
La ley establece penas de tres a cinco años de prisión, además de multas, para quienes, tanto dentro como fuera del país, difundan publicaciones en redes sociales que provoquen “alarma, temor, pánico o zozobra” en la población. Si se considera que la publicación fomenta la discriminación, el odio, la violencia, o pone en riesgo la “estabilidad económica y social” y el “orden público”, las penas pueden aumentar a cinco a diez años de prisión.
Esta nueva legislación reemplaza y endurece la ley de ciberdelitos de 2020, que ya había llevado al arresto de numerosos opositores y periodistas por la difusión de “noticias falsas”. Salvador Marenco, un abogado nicaragüense exiliado en Costa Rica, denunció que la ley busca imponer un control absoluto sobre las redes sociales y ampliar la “represión transnacional” del gobierno de Daniel Ortega. Marenco subrayó que las redes sociales han sido cruciales para denunciar violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
El gobierno sostiene que la ley fortalecerá la “prevención, enfrentamiento, investigación y judicialización” de delitos relacionados con tecnologías de la información y redes sociales.
Desde las protestas de 2018, que resultaron en más de 300 muertes según la ONU, el régimen de Ortega ha intensificado su represión, incluyendo el cierre de unas 5.500 ONGs y la confiscación de sus bienes. La nueva ley se suma a una reciente reforma del código penal que impone condenas de hasta 30 años de prisión y confiscación de bienes por “delitos contra el Estado”, sin importar dónde se cometan.
Además, Nicaragua ha retirado la nacionalidad y confiscado los bienes a 135 expresos políticos que fueron enviados a Guatemala, acusados de amenazar la soberanía nacional. Desde principios de 2023, un total de 451 opositores han sido despojados de su nacionalidad.
El martes, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU discutió en Ginebra un informe que criticó la nueva ley, advirtiendo que podría aumentar la represión contra los nicaragüenses en el exilio.
