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viernes, marzo 29, 2024

MP asegura bienes a excomisionado general de la Policía Nacional Héctor Iván Mejía

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 En el marco de la Operación Poseidón, el Ministerio Público ejecuta aseguramientos e incautaciones sobre 13 bienes inmuebles, muebles y productos financieros del excomisionado general de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía Velásquez.

Según el MP el excomisionado mostró un incremento patrimonial injustificado por un monto superior a los 12 millones de lempiras.

El operativo se lleva a cabo a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

En ese sentido el portavoz del Ministerio Público Carlos Morazán, dijo que en el barrio La Granja se da la incautación de bienes que se consideran de origen ilícito, en el que hay tres delitos.

El portavoz dijo que con esta operación se abren las acciones del 2023 particularmente en casos de corrupción.

Por su parte, portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, en un inició informó que aparentemente en la casa de habitación de el barrio la Granja no se encontraba nadie y se procedió al ingreso , luego se comprobo que si habia personas en la vivienda.

Se detalló que se trata de una residencia en el barrio La Granja de Comayagüela, un terreno en la aldea El Hatillo de Tegucigalpa, cuatro vehículos, seis cuentas bancarias y la cantidad de 7.3 millones de lempiras (L. 7,031,078.63) que son aportaciones que el titular de derechos tiene en la cooperativa COMPACAL ubicada en San Pedro Sula.

Conforme a lo recabado en este caso, el exoficial investigado, de 2015 al 2019, mostró un incremento patrimonial injustificado por un monto superior a los 12 millones de lempiras (L.12,103,846.58), razón por la que el Ministerio Público promovió la acción de privación de dominio de bienes de origen ilícito.

La UF-ADPOL sustentará durante el juicio que el comportamiento financiero del ex comisionado general de policía presentó ingresos no compatibles con la fuente de origen identificada, consecuentemente, de obtenerse una sentencia, se pretende recuperar a favor del Estado los valores que resulten de la subasta de los referidos activos.

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