El fiscal general de México, Alejandro Gertz, defendió la legalidad del traslado a Estados Unidos de 29 presuntos miembros de alto rango de cárteles mexicanos, ocurrido el jueves, argumentando que las leyes vigentes lo permitían.

Gertz negó que los presuntos narcotraficantes, entre los que se encuentra Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, hayan sido extraditados. Explicó que, en realidad, se había cumplido con una «solicitud debidamente fundamentada» por parte de Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa del gabinete de seguridad de México, Gertz indicó que las bases legales para cumplir con la solicitud de Washington se encuentran en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional mexicana, que considera como amenazas a quienes “obstaculicen o bloqueen” las operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada. Además, citó el artículo 89 de la Constitución mexicana, que otorga a la presidenta de la República diversas facultades, incluyendo la celebración de tratados internacionales.

Gertz explicó que Estados Unidos fundamentó su solicitud “debido a las acciones criminales de estas personas en ese país, las cuales coinciden con los procedimientos y las pruebas que poseemos sobre su comportamiento”.