El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, ha indicado que si no se logran consensos dentro del hemiciclo legislativo para aprobar leyes pendientes, se recurriría a mecanismos de consulta popular para que sea el pueblo quien decida y ordene sobre estas cuestiones. Este enfoque sugiere una estrategia para superar los obstáculos políticos y legislativos que impiden avanzar en la agenda legislativa del país.

En el contexto hondureño, el uso de la consulta popular, o referéndum, como mecanismo para aprobar leyes, es una herramienta democrática prevista en la legislación, aunque con limitaciones y requisitos específicos según la Constitución y leyes vigentes. La consulta popular en Honduras puede ser vinculante o no, dependiendo de cómo se plantee y apruebe la convocatoria a dicha consulta.

• Consulta Vinculante: Requiere que el Congreso Nacional la convoque para someter al pueblo un proyecto de ley específico, y su resultado es obligatorio para el Gobierno. Este tipo de consulta necesita de una ley de convocatoria aprobada por mayoría absoluta en ambos hemiciclos del Congreso.
• Consulta No Vinculante: Puede ser promovida tanto por el Congreso como por el Ejecutivo, pero su resultado no obliga legalmente al Gobierno, sirviendo más como una señal de la voluntad popular.

La declaración de Luis Redondo se interpreta como una respuesta a la parálisis legislativa que podría estar experimentando el Congreso de Honduras, especialmente en temas críticos como el Presupuesto General del Estado y otras leyes pendientes que han sido objeto de debate y controversia. La mención de mecanismos de participación ciudadana refleja una tendencia hacia la democracia participativa, buscando involucrar más directamente a los ciudadanos en decisiones legislativas cuando los representantes no alcanzan un acuerdo.

Sin embargo, implementar una consulta popular no es un proceso simple. Requiere de una preparación logística, legal y de comunicación extensa para asegurar que la voluntad del pueblo se refleje de manera justa y transparente. Además, debe cumplir con los requisitos constitucionales y legales para ser válida, lo que incluye un porcentaje mínimo de participación del padrón electoral para que los resultados sean efectivos.

Esta propuesta de Redondo también ha sido comentada en redes sociales, donde se señala la importancia de buscar mecanismos que permitan la gobernabilidad y la aprobación de leyes esenciales para el país, considerando las afectaciones por no tener aprobado el Presupuesto General del Estado a tiempo.