La Presidenta del Poder Judicial de Honduras, Rebeca Raquel Obando, ha afirmado que se respetarán las rotaciones en las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según lo establecido por el reglamento interno del Poder Judicial

Obando ha asegurado que las rotaciones de las presidencias de las salas se llevarán a cabo según lo planeado y conforme a la normativa vigente. Esto incluye las rotaciones de la Sala Constitucional, la Sala Civil, la Sala Penal y la Sala Laboral-Contencioso Administrativo. Las rotaciones deben ocurrir cada año, según lo dictado por la ley.

• Contexto de Controversia: Esta declaración viene en un contexto de controversia, ya que hubo cuestionamientos y afirmaciones de que se pretendía cambiar el orden de precedencia o no realizar las rotaciones, especialmente en la Sala Constitucional. Hubo críticas y acusaciones de que estas decisiones podrían ser un intento por parte del gobierno en turno de mantener control sobre ciertas salas, particularmente la Sala Constitucional.
• Reacciones y Discusión: Diversos sectores de la sociedad civil y la oposición política han reaccionado a estas afirmaciones. Algunos han expresado escepticismo sobre si realmente se respetará el orden de precedencia y las rotaciones, mientras que otros han aplaudido la decisión como un paso hacia la transparencia y el respeto por la institucionalidad del Poder Judicial.
• Declaraciones Públicas: Obando ha utilizado plataformas como X para comunicar estas decisiones, publicando oficios y comunicados oficiales que detallan los cambios y las rotaciones. En uno de estos comunicados, ella menciona que se ha decretado la rotación de las presidencias/coordinaciones de las cuatro salas, atendiendo al reglamento interno del Poder Judicial.
• Implicaciones: La confirmación de las rotaciones por parte de la Presidenta del Poder Judicial busca tranquilizar a aquellos que temen por la independencia judicial y el respeto a los procedimientos legales establecidos. Sin embargo, la polémica alrededor de este tema sugiere que la vigilancia y el escrutinio público sobre estas decisiones continuarán.