La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) hizo un llamado al país centroamericano para que «investigue, procese y sancione a los responsables del asesinato de Juan López (ambientalista), con un enfoque en los derechos humanos».

El organismo también reiteró la «urgencia» de implementar un decreto legislativo de 2024 para reparar los daños ambientales causados en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, en Colón, así como garantizar el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, y proteger a los defensores de derechos humanos y las comunidades afectadas.

López, además de ser un defensor del medio ambiente, era concejal de la Alcaldía de Tocoa, donde residía, por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y predicador católico. Fue asesinado el 14 de septiembre de 2024 dentro de su vehículo cuando salía de un evento religioso.

El activista se oponía a la presencia de la minera Los Pinares, que ha estado extrayendo hierro a cielo abierto cerca de Tocoa, causando un grave daño ambiental, según diversas fuentes.

Fúnez, a quien López había instado a renunciar como alcalde pocos días antes de su muerte debido a presuntos vínculos con el narcotráfico, ha negado las acusaciones en su contra por el crimen, el cual ha conmocionado al país, donde en los últimos 50 años decenas de ambientalistas han sido asesinados.