El fiscal del Vaticano, Alessando Diddi, pidió hoy 7 años y 3 meses de reclusión para el cardenal italiano Angelo Becciu, quien ejerció entre 2011 y 2018 como número dos de la Secretaría de Estado vaticana, en el juicio en el que se le acusa de graves violaciones financieras que dañaron a la Santa Sede.

Para Becciu y los otros nueve imputados – funcionarios vaticanos, financieros e intermediarios – en este juicio sobre las irregularidades en la gestión de los fondos del Vaticano que comenzó hace dos años, Diddi pidió un total de 73 años y un mes de reclusión más penas de inhabilitación y resarcimientos.

Ahora el proceso, en el que por primera vez un cardenal se sienta en el banquillo, será suspendido por las vacaciones de verano y se reanudará el 27 de septiembre. El veredicto podría llegar antes de Navidad.

La tesis de la acusación presentada por el «promotor» (el fiscal de justicia vaticano) es que la Secretaría de Estado, en el momento en que Becciu era Sustituto de Asuntos Generales, es decir, el hombre clave de la burocracia vaticana, invirtió una cuantiosa suma en una operación altamente especulativa para la compra de un edificio en Londres y que creó un gran agujero de entre 139 y los 189 millones de euros en las arcas vaticanas.

En detalle, la pena que pidió el fiscal para Becciu fue de 7 años y 3 meses de cárcel, la inhabilitación para siempre de cualquier cargo en el Vaticano, aunque el papa ya le había suspendido de su cargo como prefecto de la Causa de los Santos y retirado los beneficios cardenalicios, y un resarcimiento a las partes civiles de 10.329 euros.

Los otros imputados, acusados diversos cargos: peculado, estafa agravada, extorsión y blanqueo de capitales, recibieron una petición de pena de entre tres y trece años de cárcel y entre 9.000 y 18.000 euros en resarcimientos.