El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó este miércoles el informe «Avión presidencial: el despegue del saqueo a una nación», un análisis financiero que muestra las grandes erogaciones de dinero para la adquisición, uso y mantenimiento de la aeronave.
El organismo anticorrupción constató el desembolso total de 1,077 millones 713 mil 684 lempiras con 68 centavos por parte del Estado de Honduras a través de la Tasa de Seguridad Poblacional en concepto de adquisición, uso, mantenimiento y operación de la aeronave presidencial Embraer Legacy 600.
Durante la presentación de los hallazgos, la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, detalló que en 2014 se pagó la reserva de compra del avión presidencial con el anticipo de casi 21 millones de lempiras, una aeronave de segunda mano que ya contaba con mil 606 horas de vuelo, aun cuando al momento de la compra la Ley de Contratación del Estado prohibía adquirir bienes usados; sin embargo,” volaron a comprarlo”.
Cuatro meses después, el 01 de octubre de 2014 el Congreso Nacional reformó el artículo 84 de la Ley de Contratación del Estado incorporando la excepción de compra de bienes usados cuando sean autorizadas por el presidente de la República en consejo de secretarios de Estado.
Añadió que el 06 de octubre del mismo año (2014), el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad emitió una resolución mediante la cual autorizó al coordinador del comité técnico del fideicomiso para la administración del fondo de protección y seguridad población la adquisición de una aeronave Embraer Legacy 600.
El 10 de octubre de 2014 se hizo efectivo el pago de salario pendiente de 276 millones 939 mil lempiras, es así como se desembolsaron más de 297 millones de lempiras por la adquisición de la aeronave.
“A nosotros como pueblo nos dijeron que era por medio de donación, pero esta se realizó posterior a la compra y por montos inferiores a los ya pagados en la cuenta ‘amigos de Honduras’ que se apertura hasta el 31 de diciembre de 2014, es decir, seis meses después de haber otorgado el anticipo a la compra», reveló.
En tal sentido, Castellanos dijo que los tiempos no coinciden, que primero compraron un bien usado y luego pidieron permiso; primero pagaron y meses después recibieron la donación.
La entidad de sociedad civil evidenció que la compra de la aeronave se registró como una deuda a cargo del Estado de Honduras, cuando evidentemente se trató de un bien que el Estado adquirió en propiedad.
Además, se constataron múltiples irregularidades en el aspecto financiero como los pagos irregulares a sociedades mercantiles del extranjero, el pago de gastos de viaje sin soporte de liquidación, la duplicidad de pagos, los desembolsos en exceso como efecto de la devaluación de la moneda y el pago a un proveedor bajo una resolución sin vigencia denotando una mala administración de fondos públicos.
Esta organización confirmó que interpuso dos denuncias, una ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y otra al Ministerio Público, ambas se mantienen bajo reserva para no entorpecer la investigación.
