El Juzgado de Criminalidad Organizada y Corrupción dictó este lunes auto de apertura a juicio oral a ocho de las nueve personas acusadas por la muerte, 46 reclusas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).

Las implicadas son acusadas de la comisión de los delitos de asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa, asociación para delinquir, incendio cualificado y porte ilegal de armas.

Las reclusas acusadas son Claudia María Lemus Aceituno, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Cherry Darling Guevara, Heidy Jackeline Palma Rivera y Karen Lorena Ávila Pavón. Así como también Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, Susana Godoy Leiva, Arleny Sarai Guerra Portillo y Francis Margarita Chavarría Ávila (todas integrantes de la Pandilla 18).

Hechos:

De acuerdo a las investigaciones, el hecho criminal ocurrió a las 7:45 de la mañana el 20 de junio de 2023, las acusadas que permanecían en los módulos seis y siete, utilizaron armas de fuego de diferentes calibres, entre prohibidas y permitidas, objetos punzocortantes y contundentes, para someter a cuatro policías penitenciarias, despojándolas de las llaves de los módulos y de los tableros con listados de la población penitenciaria.

Acto seguido, las obligaron a ponerse boca abajo y las encerraron dentro del módulo seis para proceder a ingresar a los otros espacios donde estaba el resto de la población penitenciaria.

Mientras esto acontecía, otro grupo de privadas de libertad de la Pandilla 18 se dirigieron a los módulos uno al cuatro, en donde se encontraban las que pertenecen a la mara Salvatrucha (MS-13), golpeando con una almágana los candados de los módulos hasta lograr entrar.

Las acusadas y sus acompañantes deshabilitaron las cámaras de seguridad del recinto penal y procedieron a darle muerte a 23 privadas de libertad.

Mientras tanto, otras 23 reclusas al escuchar las detonaciones de armas, en un intento por salvar sus vidas cerraron el hogar número uno del módulo uno, para evitar que sus agresoras ingresaran, sin embargo, al ver que no podían entrar, rociaron un líquido inflamable y les prendieron fuego.

Las víctimas no pudieron salir del sitio, porque desde afuera las acusadas les disparaban, lo que provocó que perdieran la vida, algunas calcinadas y otras asfixiadas por inhalación de monóxido de carbono.

Para cometer los ilícitos, las nueve acusadas obtuvieron desde el exterior del centro penal, armas de fuego, como: 11 pistolas de distintos calibres (9 milímetros, 380 y 45 milímetros), armas de uso prohibido, entre ellas: fusiles, subametralladoras y un arma de fuego perteneciente a la Policía Nacional, mismas que fueron recolectadas al interior de la penitenciaría.