La orden establece los pasos que ambas partes deberán seguir para manipular material calificado en el caso del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández (2014-2022), cuyo juicio en Estados Unidos por cargos relacionados al narcotráfico está programado para comenzar el 18 de septiembre de 2023.
«Estos procedimientos se aplicarán a todos los asuntos previos al juicio, posteriores al juicio y de apelación relacionados con información clasificada«, establece el documento presentado al Tribunal Supremo de EE. UU. por la Corte del juez Kevin Castel.
Asimismo, el reglamento compuesto por 27 puntos establece, entre otras cosas, que la información proporcionada por el Gobierno a la defensa de alias «JOH» podrá utilizarse únicamente por esta para preparar el caso y no podrá divulgarla por ningún motivo o medio (sujeto a excepciones), ni al acusado, solo que este la haya conocido previamente.
«La defensa y el Acusado no divulgarán información clasificada a ningún persona, excepto para la Corte, personal del gobierno que posea las autorizaciones de seguridad apropiadas (…) y aquellos específicamente autorizados», reza la normativa.
Personal autorizado
El Tribunal nombró a como Oficial de Seguridad de la Información Clasificada (CISO) a Matthew Mullery. Además el Gobierno de EE. UU. dio acceso a los fiscales Jacob Gutwillig, David Robles, Elinor Tarlow y Kyle Wirshba.
Mientras, la abogada de alias JOH, Sabrina Shroff, será la autorizada para acceder a la información clasificada. Ella y otro miembro de la defensa que lo requiera y obtenga el permiso se regirá bajo esta orden de protección.
Cuando requieran el material deberán hacerlo mediante un «memorando de entendimiento firmado se presentará ante el Tribunal, y copias ejecutadas del serán entregadas al Gobierno».
En tal sentido, en el memorando firmado por la defensa acepta todas las disposiciones de la orden de protección y acuerda que el mismo seguirá vigente para siempre.
El CISO será el mediador entre defensa y Tribunal, el mismo tendrá responsabilidades, entre ellas establecer un áreas seguras (de donde no podrá salir lo clasificado) para el abordaje de la información.
También tendrá prohibiciones, como no divulgar las conversaciones que presencie cuando se discutan los documentos, mismos que son libres para la revisión de la defensa, pero no podrán ser copiados ni reproducidos.
Sanciones por mal manejo
En caso de divulgar contenidos no autorizados o mal manejo constituyen en violaciones de la ley penal federal será llevado a la Corte.
«Puede resultar en un cargo de desacato de la Corte y posible remisión para enjuiciamiento penal. Cualquier incumplimiento de esta Orden también puede resultar en la terminación del acceso de un individuo a la información clasificada», especifica el documento.
Además, establece que todo el material al que acceda la defensa son y seguirán siendo propiedad de los Estados Unidos.
Caso JOH
El expresidente Hernández fue solicitado en extradición por Estados Unidos el 14 de febrero por tres los cargos: conspiración para importar cocaína, posesión de metralletas y dispositivos destructivos y conspiración para poseer metralletas y dispositivos destructivos. Un día después fue capturado.
Fue el 21 de abril que se consumó su entrega a la justicia norteamericana, desde entonces permanece recluido en el Centro de Detención de Brooklyn.
El pasado 5 enero, el juez Kevin Castel autorizó la secretividad de medios de prueba relacionados al caso, solicitada por fiscales del Distrito Sur de Nueva York con el consentimiento del imputado y su abogado.
Posteriormente, en una audiencia celebrada el 10 de enero el juez reprogramó el inicio del juicio para el 18 de septiembre del presente año, a petición de ambas partes.
