El Fiscal General de la República, Johel Zelaya, apareció esta noche para confirmar que el Ministerio Público ha emitido dos requerimientos fiscales contra varios funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Zelaya explicó que la Unidad Especial contra Delitos Electorales ha estado investigando varios aspectos del proceso electoral, incluyendo la gestión del transporte del material electoral y los costos involucrados.

El Fiscal destacó que, a pesar de las críticas hacia el Ministerio Público, la labor del ente continuará sin interrupciones por aquellos que intentan proteger su impunidad.

El requerimiento fiscal afecta a seis personas por delitos como fraude, negociaciones incompatibles y violación de los deberes de los funcionarios públicos.

Entre los involucrados se encuentran Raúl Amílcar Rivera Montoya, coordinador del proyecto de transporte electoral; José Martín Pastrana Sánchez, miembro de la comisión evaluadora de la contratación del transporte electoral; y Carlos Salomón Fonseca Robles, representante de la empresa Ingeniería Logística, así como Johel Ramos García, Dennis Emilio Hércules Rosa y Juan Carlos Canales Lobo.

Zelaya también se refirió al emplazamiento realizado por la Unidad Especial contra Delitos Electorales para obtener información sobre el número de personas que usaron el sistema biométrico en las cuatro Juntas Receptoras de Votos (JRV) denunciadas por Marlon Ochoa, quienes supuestamente inflaron los votos. No obstante, no aclaró si la información solicitada en un plazo de tres horas fue entregada por el CNE.

Además, confirmó que los tres consejeros del CNE, Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa, deberán presentarse a declarar el 10 de abril, bajo las mismas condiciones, una vez que se haya oficializado la declaratoria de los resultados electorales.