Tegucigalpa – Los ciudadanos Jorge Fernando Jiménez Reyes y Dina Meetabel Meza Elvir interpusieron una acción constitucional de recurso de amparo contra la elección de representantes de organizaciones de derechos humanos ante el Consejo Nacional de Protección.
-Los defensores de derechos humanos se apersonaron este viernes a la CSJ para entregar a la Sala de lo Constitucional el recurso de amparo con suspensión del acto reclamado.
El argumento para esta acción judicial obedece a que estos ciudadanos consideran falta de legitimidad al no cumplir con el proceso establecido en la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia y su reglamento.
En ese orden los defensores de derechos humanos solicitaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admita la demanda de acción constitucional de amparo con suspensión del acto reclamado de la elección de representantes de organizaciones de derechos humanos ante el Consejo Nacional de Protección, tener por no efectuada dicha elección y en el marco de sus atribuciones, ordenar se haga una nueva convocatoria para la realización de una nueva asamblea de las organizaciones defensoras de derechos humanos y efectuar la elección respetando lo que establece la Ley de Protección y su reglamento, el cumplimiento de los principios de legalidad, de inclusión, de participación y de transparencia; con la finalidad que existan todas las garantías para finalmente tener un resultado que conlleve a tener una convocatoria, elección y acreditación legítima de quienes serán los nuevos representantes de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Meza explicó que la solicitud a la Sala de lo Constitucional es que suspenda un acto ilegal que cometió la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, al elegir la representante de la sociedad civil.
“La exigencia es que la Sala de lo Constitucional suspenda un acto ilegal que va a cometer la representante de la sociedad civil electa solamente por la Coalición contra la Impunidad y la ministra de Derechos Humanos”, declaró Meza.
Señaló que la ministra y la Coalición contra la Impunidad eligieron a cuatro concejales, que violentó el procedimiento de la Ley de Protección y desconoció la existencia de otras organizaciones de derechos humanos.
Seguidamente, indicó que con una resolución favorable de la Sala de lo Constitucional la sociedad civil procedería a elegir legítimamente a los representantes con la participación de todas las organizaciones de derechos humanos.
