El Instituto Nacional Penitenciario (INP), informó este domingo el traslado de personas privadas de su libertad, entre las cárceles de Ilama en Santa Bárbara, conocida como “El Pozo” y el centro penitenciario de Morocelí, El Paraíso, “La Tolva”.

El traslado de los reos hondureños se realizó ayer sábado en conjunto con la Policía Militar de Orden Público (PMOP).

COMUNICADO

COMUNICADO DE PRENSA No. 032-2024
El Instituto Nacional Penitenciario (INP), a los familiares de las Personas Privadas de Libertad, a la comunidad nacional e internacional informa:

1. El Instituto Nacional Penitenciario, es el ente encargado de la guarda y custodia de las Personas Privadas de Libertad, respetuosos de sus Derechos Humanos, de mejorar sus condiciones de vida en espacios dignos, seguros y adecuados para su Rehabilitación, Reeducación y Reinserción Social.
2. Que la Ley del Sistema Penitenciario Nacional en su articulo 16, numeral 12, establece que son funciones del Director(a) Nacional: «Regular la distribución y el traslado de la población privada de libertad cumpliendo penas, a las diferentes instituciones del Sistema Penitenciario Nacional correspondientes, conforme a esta Ley y sus Reglamentos, previa opinión de los Departamentos Técnico de Seguridad y Orden del Establecimiento respectivo, salvo las excepciones que para casos urgentes y justificados establezca esta Ley y su Reglamento»
3. El día Sábado 8 de junio del año 2024, se realizó el traslado de un total de 3,395 Personas Privadas de Libertad entre los cuales 69 son mujeres desde el Centro Penitenciario de llama, Santa Bárbara al Centro Penitenciario de Moroceli, El Paraíso y viceversa, operación que se desarrolló cumpliendo con el estricto respeto a los Derechos Humanos a la población penitenciaria.
4. La reubicación realizada en el marco de la Operación Fe y Esperanza, se desarrolló sin ningún contratiempo y de manera exitosa.
5. La Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional reitera su
   compromiso con la población hondureña de cumplir con la misión de alcanzar el
   normal funcionamiento en los Centros Penitenciarios del país, tal como lo ordena
   el decreto ejecutivo de PCM 28-2023.