El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) expresó hoy su preocupación por los altos niveles de violencia contra personas LGTBI en el país, situación agravada por la impunidad que alcanza el 93 % de los delitos contra la integridad física y la vida de esta población, lo que no permite detener y enjuiciar a los autores de esos hechos violentos.
En los últimos siete años (2017 – 2022), Honduras fue escenario de la muerte violenta de, al menos, 194 personas LGTBI, de los cuales, el 23 % fueron judicializados y, únicamente, en 13 casos, hubo sentencia condenatoria, lo que indica que, el 93 % de estos crímenes aún están impunes.
Seis casos son judicializados cada año
De esta radiografía de la inseguridad para las personas LGTBI, la organización Lésbica – feminista Cattrachas detalla que, de 34 muertes violentas registradas en el 2017, 13 fueron judicializadas; un año después murieron 30 personas de esta población y se judicializaron 7; para el 2019 las víctimas sumaron 41 y apenas seis casos fueron judicializados.
En el 2020, de 20 casos de muertes violentas cinco llegaron a judicializarse; en el 2021, fueron judicializados 5 casos de 29 muertes y, en el 2022, que se constituyó en el año más violento, al registrar 43 víctimas, únicamente 8 casos fueron judicializados.
Se observa que, la judicialización de casos de personas LGTBI, muertas en circunstancias violentas, ha ido disminuyendo situación que preocupa a la Institución Nacional de Derechos Humanos que ve como de 13 casos judicializados, en el 2017, se redujo a un promedio de seis por año, desde el 2018.
La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre cuestionó la desmedida discriminación que hay contra las personas LGTBI al incrementarse no solo las muertes violentas, sino que los niveles de impunidad que alcanzan el 93% de los casos, situación que le niega a sus familiares conocer la verdad.
Agregó que es una grave violación a los derechos humanos que requiere de la atención inmediata del Estado y de la sociedad.
Es grave la situación de violencia que enfrentan las personas LGTBI en Honduras agravada por la indiferencia de las autoridades encargadas de la seguridad en el país, señaló.
En la lucha contra la impunidad, el Estado hondureño tiene la obligación de juzgar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y garantizar el derecho que tienen sus familiares de conocer la verdad de lo ocurrido, puntualizó.
Alto porcentaje de las víctimas eran comerciantes
Entre el 2017 y el 2022 murieron en circunstancias violentas unos 115 hombres gays, 44 transexuales y 35 mujeres lesbianas y se registran también 3 casos de personas LGTBI desaparecidas, según la Red Lésbica Cattrachas.
Un alto porcentaje de personas LGTBI fueron ultimadas con armas de fuego, otras con armas blancas, en algunos casos las víctimas fueron estranguladas, lapidadas y laceradas.
Durante este periodo, los cadáveres de las personas LGTBI fueron encontrados, en mayor porcentaje, en su propio domicilio o en la vía pública, además, en vehículos, quebradas, centros penales, moteles u hoteles, en su lugar de trabajo, playas y bares.
En el caso de las personas gays, que perdieron la vida de manera violentas, se dedicaban a realizar una veintena de labores, al menos 15 eran comerciantes, otros eran estudiantes, estilistas, abogados, periodistas, políticos, enfermeros, maestros, taxistas y psicólogos, entre otros.
En lo que respecta a las mujeres lesbianas, unas 8 eran comerciantes, otras dedicaban su tiempo al ejercicio de la docencia, taxistas, estudiantes, en otros casos se desconoce la labor que realizaban.
De las 45 muertes violentas de personas transexuales, al menos 15 se dedicaban al trabajo sexual, 11 eran comerciantes, otras practicaban oficios como estilistas y trabajadoras domésticas.
La mayor parte de las víctimas, que perdieron la vida de manera violenta, sus edades oscilaban entre los 22 y los 33 años.
Cortés y Francisco Morazán los más violentos
Los departamentos de Cortés (62) y Francisco Morazán (53) registran el 59% de los casos de personas LGTBI que murieron en circunstancias violentas en los últimos siete años.
Como se recordará, el 28 de junio de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó la sentencia mediante la cual declaró al Estado hondureño responsable por la violación del derecho a la vida y a la integridad personal, en perjuicio de Vicky Hernández, mujer trans-género, trabajadora sexual y defensora de los derechos de las mujeres trans, asesinada en el 2009.
El Conadeh recordó a las autoridades de Honduras que, el plazo para el cumplimiento de la sentencia, por parte del Estado de Honduras, vence el próximo mes.
