Un convenio interinstitucional que permitirá la realización de audiencias virtuales para los privados de libertad, entre otros beneficios, fue firmado ayer entre la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y autoridades del Poder Judicial.

Con la modalidad de audiencias virtuales se evitarán fugas, atentados, accidentes viales, costos en transporte y seguridad, así como la colusión de cualquier índole, detalló el comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Ramiro Muñoz, titular de la Comisión Interventora del INP.

La primera audiencia virtual se realizará hoy, desde el juzgado móvil ubicado en el perímetro externo del Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT).

El convenio interinstitucional fue firmado por autoridades del INP y la Defensa Pública, dependencia del Poder Judicial.

Asimismo, se analizaron los avances en el desarrollo y programación de las audiencias virtuales que se realizarán, en un comienzo, desde los cuatro principales centros penales que hay en el país, como la cárcel de Támara y la penitenciaría de El Porvenir, en el departamento de Francisco Morazán; el centro penal de Ilama, en Santa Bárbara; y el centro penal de Morocelí, en El Paraíso.

Como parte de la agenda previamente establecida, el INP presentó un cuadro estadístico con la información de las personas privadas de libertad que están cumpliendo una sentencia condenatoria menor a los cinco años de reclusión.

Las sentencias en mención podrían ser revisadas y analizadas por las autoridades judiciales, para poder determinar si se realiza un cambio de medidas y de esta manera contribuir a la reducción del hacinamiento en los centros penitenciarios del país.

En el convenio también se establece el trabajo en conjunto para la revisión de expedientes administrativos criminológicos de todos aquellos reclusos que ya tienen derecho a optar a los beneficios penitenciarios de preliberación y libertades condicionales.

También, se abordaron varios temas de interés común entre el sistema penitenciario y el de justicia, cuyo personal trabajará de manera coordinada y conjunta en beneficio de la población privada de libertad a nivel nacional.

Las autoridades del INP y del Poder Judicial mostraron su interés de unir esfuerzos para atender y resolver la situación jurídica de los reos a nivel nacional.

Asimismo, analizaron establecer estrategias y acciones dirigidas a fortalecer las relaciones con respecto a las actividades tendientes a poner en práctica el plan de descongestionamiento de los centros penales, con el apoyo del recurso de los Consejos Técnicos Interdisciplinarios de los Juzgados de Ejecución, Defensa Pública y Centros Penitenciarios a nivel nacional.