En cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro llevó a cabo un Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional en el caso Gutiérrez Navas y Otros Vs. Honduras. Este proceso está relacionado con la destitución ilegal y arbitraria de magistrados de la Sala Constitucional en 2012, considerada una grave violación a los derechos humanos.
Durante el evento, el Procurador General de la República, Tony Díaz Galeas, reafirmó el compromiso del Gobierno con la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento de las medidas de reparación establecidas por la Corte. Estas incluyen:
- Publicación de la sentencia
- Pago de indemnizaciones a las víctimas
- Adecuación normativa conforme a estándares internacionales
“El Estado de Honduras reconoce su responsabilidad y ratifica su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones convencionales derivadas del Pacto de San José, la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos”, expresó el Procurador.
Compromiso con la justicia y el Estado de derecho
El reconocimiento de responsabilidad se alinea con el compromiso asumido por la Presidenta Castro en su discurso de toma de posesión el 27 de enero de 2022, donde señaló la destitución abrupta de los magistrados como una acción contraria a los principios democráticos y de justicia.
El evento fue coordinado por la Procuraduría General de la República, el Congreso Nacional, el Poder Judicial y la Secretaría de Derechos Humanos. Contó con la presencia de las víctimas, sus representantes, la Designada Presidencial Doris Gutiérrez y otras autoridades gubernamentales.
Las partes coincidieron en la importancia de este acto para garantizar la reparación integral de los afectados y prevenir la repetición de hechos similares en el futuro.
Con esta acción, el Gobierno de Honduras da un paso significativo en el cumplimiento de la sentencia y reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho.