Argentina se encuentra en el centro de una nueva controversia, debido a la decisión del Gobierno de Javier Milei de restringir la ley de acceso a la información pública mediante un decreto.
La medida ha suscitado preocupación entre organizaciones civiles y medios de comunicación, que critican la nueva reglamentación por limitar el acceso a información sobre la vida privada de los funcionarios y documentos preparatorios de decisiones estatales, como papeles de trabajo y reuniones previas.
Además, se han establecido criterios más amplios para justificar la negativa a proporcionar información pública.
Desde hace siete años rige en Argentina una ley de Acceso a la Información Pública, que permite a la ciudadanía, mediante un mecanismo, el derecho de acceso a la información considerada de carácter público, que ha desvelado comportamientos impropios de las autoridades, ha colaborado en la investigación de causas judiciales o ha echado luz sobre reuniones de funcionarios públicos.
