La empresa Koriun Inversiones fue registrada como comerciante individual el 19 de marzo de 2024 en Tegucigalpa, cuando Iván Velásquez obtuvo la escritura correspondiente. Posteriormente, tramitó su Registro Tributario Nacional (RTN) ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR) el 13 de junio del mismo año, actualizándolo cinco días después en Choloma, lugar que luego sería señalado como el centro de una presunta estafa.

Aunque la escritura se firmó en Tegucigalpa, se estableció que la sede de la empresa estaría en El Progreso, Yoro, con la posibilidad de abrir sucursales en todo el país.

De acuerdo con los documentos, Velásquez gestionó todos los trámites legales hace menos de un año. Sin embargo, 35 mil personas habrían depositado su dinero con la promesa de obtener un rendimiento del 240 % anual, lo que ha sido calificado como un esquema Ponzi.

Tras las denuncias, el gobierno intervino en abril pasado y actualmente analiza la posibilidad de usar fondos públicos para cubrir los compromisos de la empresa y su aparente propietario.

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Ministerio Público (MP) han sido duramente criticados, especialmente luego de que se revelara que, antes de la captura de Velásquez, se le devolvieron más de 300 millones de lempiras incautados, incluidos 125 millones hallados en su casa. Esto contrasta con otros casos donde se ha exhibido a personas por portar montos inferiores a 50 mil lempiras.

Por su parte, la directora del SAR, Mariana Ríos, afirmó que Koriun Inversiones nunca se registró oficialmente ni presentó declaraciones fiscales, a pesar de operar desde hace al menos seis años, según versiones oficiales. No fue sino hasta 2024 que Velásquez constituyó formalmente la empresa y solicitó su RTN.

Finalmente, en la escritura de constitución se establece que las actividades comerciales incluirían la compraventa de bienes muebles e inmuebles, vehículos, importaciones y otros negocios lícitos, pero no la captación de dinero del público, lo que refuerza las sospechas sobre la ilegalidad de sus operaciones.