Ante el la declaratoria de Estado de excepción en Honduras, decretado en 52 barrios y colonias del Distrito Central e igual números en la ciudad de San Pedro Sula, la Mesa de Derechos Humanos señala que este está permitido, pero debe ser por tiempo limitado y conforme al marco legal tanto nacional como internacional.
Se reconoce que declarar el estado de excepción en Honduras, para enfrentar la situación de inseguridad, y especialmente el incremento de la extorsión, “es un instrumento legítimo para responder a situaciones extraordinarias pero limitados en tiempo y alcance conforme al marco legal tanto nacional como internacional”.
El escrito de la Mesa de Derechos Humanos, es claro al advertir que para que no haya abusos se requieren que estas medidas sean temporales y estén en vigor solo por el tiempo que sea estrictamente necesario.
Lo anterior se advierte, en vista que hay una experiencia creciente a nivel global y regional de un mal uso de los poderes de emergencia, que los ha vuelto permanentes, usados para la concentración del poder, la normalización de abusos a los derechos humanos o la flexibilización de los controles administrativos contra la corrupción.
Asimismo, se señala que el combate a la criminalidad requiere la existencia de políticas de seguridad integrales, que permitan abordar no solo los efectos de la delincuencia, sino las causas.
Finalmente, el comunicado apunta que “es recomendable, por tanto, que ante la situación de inseguridad que vive la población hondureña se generen políticas de seguridad integrales con participación de todos los sectores y se revise la decisión de adoptar un estado de excepción bajo los parámetros indicados”.
