Madrid, 15 ene .- La Justicia española reanuda este lunes la vista de extradición a Estados Unidos de un joven británico al que el FBI relacionó con la intrusión ilegítima en más de un centenar de cuentas de Twitter y otras redes, entre ellas las del presidente Joe Biden, el expresidente Obama y el fundador de Microsoft, Bill Gates.

El procedimiento, instruido por la Audiencia Nacional de España, comenzó en marzo de 2022, si bien los jueces encargados acordaron, a petición de la defensa del reclamado, consultar a la Justicia europea sobre qué normas deben aplicarse en la extradición de británicos reclamados por terceros países tras el brexit.

La defensa planteó al tribunal español que aplicase la doctrina europea conocida como “Petruhin”: cuando un tercer país (en este caso Estados Unidos) pide la entrega de un ciudadano de la Unión Europea (UE), habría que preguntar al país del que es nacional (en este caso Reino Unido) si quiere juzgarlo por estos hechos.

Sin embargo, el Tribunal Europeo de Justicia de la UE (TJUE), en respuesta a la consulta de la Audiencia Nacional, dictaminó que no es de aplicación esta doctrina a casos como este.

De este modo, una vez que el TJUE se ha pronunciado, el tribunal español reanudará este lunes el procedimiento. La Fiscalía española apoyará la entrega del reclamado a Estados Unidos, donde está acusado de conformar una trama que se habría dedicado en 2020 a intercambiar el acceso ilegal a cuentas de Twitter por pagos en criptomoneda.

Según la demanda de extradición, el sospechoso, que fue detenido en 2021 en Estepona (sur español), se comunicó con un pirata informático y con otros dos individuos, que hicieron de intermediarios para acceder a las cuentas.

También se le atribuyen intrusiones informáticas en cuentas de redes sociales asociadas con dos figuras públicas, cuyas identidades no se han desvelado públicamente, y el acoso cibernético a una menor.

El británico rechazó en su momento ser entregado y su abogado pidió al tribunal español que, si esto ocurriera, España pidiese garantías de que no sea condenado en EEUU a una “prisión permanente de facto” o que pudiera cumplir la eventual pena en el Reino Unido.