El Estado de El Salvador negó este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las acusaciones de organizaciones humanitarias sobre atropellos, acoso a la prensa y torturas en el marco del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
«Rechazo de forma general y clara todas las afirmaciones que se han hecho acerca de que en El Salvador existen torturas, existen violaciones a la libertad de expresión, que existe seguimiento y acoso contra periodistas», dijo el comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, el colombiano Andrés Guzmán.
Aseguró, durante una audiencia virtual, que «no hay una sola denuncia» de agresiones contra periodistas en la Fiscalía y Procuraduría, sin mencionar las denuncias que periodistas han presentado ante la Fiscalía por espionaje con el software Pegasus.
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Por su parte, el fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo que su oficina no ha recibido denuncias de torturas o tratos degradantes «en contra de algún salvadoreño».
Sobre las personas detenidas en el marco del régimen de excepción y que han fallecido en custodia estatal, Delgado aseguró que estas han disminuido desde 2019, pero no precisó ninguna cifra.
Un grupo de organizaciones sociales denunció ante la CIDH que bajo el régimen de excepción, que suspende varias garantías constitucionales, que el país centroamericano hay una «falta generalizada de garantías».
Gabriela Santos, directora del Instituto Universitario de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), sostuvo que esto se traduce en «detenciones arbitrarias, falta del debido proceso, inexistencia del derecho a defensa, tortura, condiciones precarias en prisiones, muertes en cárceles que no son investigadas».
De acuerdo con datos oficiales, son 71,479 personas detenidas en este régimen, de las que las autoridades han liberado a más de 5,000, mientras que las organizaciones han recibido 6,436 denuncias de violaciones a derechos humanos.
Zaira Navas, de Cristosal, indicó que son al menos 174 personas las que han fallecido bajo custodia del Estado y que «la mayoría se trata de muertes violentas» con «clara evidencia» de golpes y «otros signos de tortura», sin que las versiones oficiales coincidan con el estado de los cuerpos.
Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, indicó que han registrado 209 agresiones a comunicadores, de las que el 66 % «corresponden al Estado».
El régimen de excepción fue aprobado por el Congreso a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas y se ha extendido en 16 ocasiones.
