El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) expresó varias preocupaciones sobre el estado de excepción, vigente desde diciembre de 2022, y dejó claro que la suspensión de garantías no es la herramienta adecuada para enfrentar la criminalidad organizada en el país.

Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, destacó que una de las inquietudes de la institución es la falta de control legislativo por parte del Congreso Nacional, especialmente en relación con los decretos recientes que prorrogan el estado de excepción, los cuales no han sido debidamente analizados por ese poder del Estado.

Además, el Ministerio Público ha procesado a varios agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección Policial Anti Maras y Padillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y la Policía Nacional.

Otro de los puntos mencionados por el Conadeh es que la suspensión de garantías no ha resultado efectiva para combatir la criminalidad organizada, como lo demuestra la situación actual.

Cáceres señaló que, desde la implementación del estado de excepción hace más de 27 meses, el Conadeh ha recibido más de 700 quejas relacionadas con privaciones arbitrarias de libertad, detenciones ilegales, torturas y la falsificación de pruebas, entre otros casos.

La institución ha propuesto a las autoridades hondureñas la adopción de medidas que incluyan una política de seguridad ciudadana basada en los derechos humanos y con enfoque de género.