
La diputada Xiomara Zelaya, presentó iniciativa de ley orientada a crear la Ley Especial para la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), que le dote de figura jurídica como querellante autónomo y facultades de acusador privado, para el combate a las redes de corrupción público- privado que saquearon el Estado de Honduras.
La iniciativa tiene como finalidad reconocer y ratificar una vez más la necesidad de establecer las condiciones jurídicas previas para la instalación de la CICIH en el país, y el inicio de las investigaciones de hechos perpetrados por las redes de corrupción que permanecen en impunidad.
La congresista Zelaya recordó que ya había presentado un proyecto para instalar la CICIH pero que necesita 86 votos y es difícil lograr los consensos en ese tipo de temas.
“Hay muchos intereses en juego de las fuerzas políticas, es por eso que presento una ley especial que únicamente requiere de 65 votos para poder hacer las reformas que se necesitan y crear las figuras jurídicas que necesita la CICIH para operar en el país”, explicó.
Con este proyecto se va a empezar a reestructurar una nueva institucionalidad,“Se han cambiado las cabezas de los sistemas operadores de justicia, pero la estructura sigue intacta, por eso Honduras necesita del acompañamiento hasta lograr las reformas sustanciales en el sistema de justicia nacional y poder establecer una institucionalidad robusta que dé respuesta a las demandas del pueblo”, apuntó.
La misión por orden de la Presidenta Xiomara Castro, es combatir la corrupción, es la misión desde el día uno, en ese sentido la diputada aseguró: “Desde este Poder del Estado se aprobó darle facultades a la Presidenta para poder establecer la CICIH, ahora con esta ley especial plantea cómo va a ser el funcionamiento por medio de una figura de querellante autónomo con facultades de actuar como acusador privado”.
Zelaya manifestó que se plantean dos reformas, una para la Ley de Municipalidades para que no estén exentos de las investigaciones y la otra reforma es a la Ley Orgánica del poder Legislativo que elimina la inmunidad parlamentaria otorgada en la administración pasada.