El Ministerio Público está presentando un nuevo requerimiento fiscal con órdenes de captura contra ocho personas que se valieron del dolor de 50 familias quienes perdieron a sus seres queridos en el incendio del Centro Penal de San Pedro Sula en mayo del 2004, en donde lamentablemente fallecieron más de 107 privados de libertad.
De acuerdo a la relación de hechos investigados, luego de las trágicas muertes, los
familiares de los fallecidos interpusieron una demanda ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en lo que se conoció como «Caso Pacheco
Teruel y otros», en donde, se determinó mediante sentencia en el año 2012 que el
estado de Honduras debía pagar a cada una de las 107 familias una indemnización
de L317,289 lempiras con 72 centavos. Dichos fondos comenzaron a pagarse en el
año 2017 luego que la Directora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) creara
una comisión para cumplir con la sentencia.
Sin embargo, se descubrió por parte del Ministerio Público que 49 cheques
pertenecientes a igual número de familias fueron cambiados en el Banco Central
de Honduras (BCH) por una misma persona quien actuó con poderes que nunca
otorgaron las víctimas, además se encontraron inconsistencias en la
documentación con las firmas de los afectados y las huellas así como la no
autorización de muchos expedientes por parte de la Comisión creada en el INP,
burlándose de esta forma de varios de los dolientes quienes al final no recibieron
el pago porque un grupo de malos ciudadanos entre empleados del INP quienes se
apropiaron de manera ilegal del dinero de las víctimas en confabulación con
notarios públicos.
En ese sentido, el MP solicitó las respectivas órdenes de captura y seguirá el juicio
en contra de todos imputados acusados por los delitos de fraude, estafa,
falsificación de documentos públicos y uso de documentos falsos.