La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un amparo interpuesto por los abogados del exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, quien actualmente cumple cadena perpetua más 30 años en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
Este amparo está relacionado con un proceso de extinción de dominio sobre una propiedad valorada en más de 8 millones de lempiras, situada en la residencial Palmeras de San Ignacio, en Tegucigalpa.
Melvin Duarte, director de comunicaciones del Poder Judicial, aclaró ante la prensa que el proceso de privación de bienes de origen ilícito no ha sido detenido.
No obstante, indicó que los defensores legales de Hernández aún no se han presentado ante la CSJ para ser notificados oficialmente de la decisión.
Además, la Sala enviará notificaciones al Juzgado de Letras y a la Corte de Apelaciones para solicitar la documentación y los informes necesarios.
La decisión final dependerá de la programación de la Sala de lo Constitucional, por lo que aún se espera una resolución definitiva. Mientras tanto, cualquier acción destinada a ejecutar la confiscación definitiva de los bienes queda suspendida, aunque estos continúan bajo aseguramiento.