Buenos Aires, (EFE).- La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue condenada este martes a 6 años de prisión en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015).
Al dictar sentencia en un juicio que se había iniciado en mayo de 2019, el Tribunal Oral Federal 2 también condenó a la expresidenta a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En el camino quedó un intento de reforma judicial impulsado desde la Casa Rosada para restar poder a los 12 jueces federales de Comodoro Py, donde recae la mayoría de las causas por corrupción. La vicepresidenta se considera víctima de un “partido judicial”, que con el impulso de la derecha utiliza su poder para sacar del camino a los dirigentes progresistas. Durante este tiempo, se habló mucho en Argentina de lawfare, esto es, el uso de la judicatura con fines políticos; hubo ataques muy duros contra la Corte Suprema y políticos opositores como el presidente Mauricio Macri. El fuego de artilleria llegó también desde el otro lado.
Buena parte de la prensa instaló en la sociedad la idea de que Kirchner era culpable, cualquier fuese el veredicto de este martes, una estrategia que elevó la polarización hasta límites nunca vistos desde el regreso a la democracia, en 1983. El kirchnerismo suele comparar el proceso contra Kirchner con el del presidente brasileño Lula da Silva, preso durante más de 500 días por corrupción. La condena fue anulada más tarde por errores de forma y Lula pudo ser candidato presidencial y volver al Palacio de Planalto, tras un ajustado triunfo ante el ultraderechista Jair Bolsonaro.
La sentencia es la primera en la historia de Argentina contra un vicepresidente en funciones. El tribunal la condenó por el delito de defraudación al Estado a la pena máxima contemplada por la legislación. Una vez firme la sentencia, Kirchner no podrá, además, ejercer cargos públicos a perpetuidad. Según el fiscal Diego Luciani, el total defraudado a las arcas estatales ascendió a 1.000 millones de dólares durante sus dos mandatos presidenciales, entre 2007 y 2015.
A lo largo del juicio, Luciani detecto irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, el bastión patagónico del kirchnerismo. Las licitaciones fueron concedidas al empresario Lázaro Báez, amigo personal del expresidente Néstor Kirchner, que pasó de ser cajero de banco a convertirse en zar de la construcción.
Según los datos presentados por el fiscal, las adjudicaciones a las empresas de Báez se hicieron con una rapidez inusitada: 29 días frente al promedio de 210 para las demás empresas. Báez cobró por todas las obras, pero casi la mitad de ellas quedaron inconclusas y solo una se ajustó al presupuesto original y no requirió el desembolso de fondos extras.
