La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró la mañana de este lunes responsable a Honduras por la destitución arbitraria de tres magistrados y una magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2012.
La madrugada del 12 de diciembre del 2012, el Congreso Nacional separó del cargo de magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras a Rosalinda Cruz, José Antonio Gutiérrez, Gustavo Bustillo y José Francisco Ruiz, un acto cuestionado en la gestión del expresidente Juan Orlando Hernández. Mientras que la presidencia del país era ostentada entonces por Porfirio Lobo Sosa.
La presidenta de la Corte (CIDH) explicó las consecuencias que ahora las autoridades de turno debe cumplir por estos atropellos gestados hace más de una década por el gobierno de Partido Nacional.
De acuerdo a la resolución de la Corte, el Estado de Honduras incumplió “su deber de investigar las amenazas y hostigamientos que habrían sufrido las víctimas tras su destitución”. E incumplió con “adoptar medidas de protección a su favor y juzgar y sancionar a eventuales responsables de amenazas y hostigamiento”.
