El Congreso Nacional ratificó el estado de excepción que suspende las garantías constitucionales de los hondureños y que permite a la Secretaría de Seguridad para seguir implementando el plan de seguridad en las zonas establecidas.  

El periodo comprendido es desde el jueves 6 de abril hasta el 21 de mayo. La disposición fue aprobada antes en Consejo de Ministros. 

La ampliación es por 45 días y el Congreso Nacional tuvo una amplia discusión, hasta lograr la aprobación.  

Al respecto, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, reseñó que es el cuarto PCM establecido como política de estado para devolverle la paz a los hondureños.

Sarmiento desglosó algunos resultados de la Secretaría de Seguridad, pero anticipó que el estado de excepción “no será por siempre, llegará un momento que terminará”.

En tanto, varios congresistas de los partidos Liberal, Nacional y Salvador de Honduras (PSH) no estuvieron de acuerdo.

“El 6 mayo cumplimos 5 meses de estar bajo un estado de excepción”, dijo la diputada Ligia Ramos, quien criticó que su partido no apoya esta ampliación por falta de un reporte sobre los logros.

“Seguimos teniendo extorsión, masacres, feminicidios, incluso donde está impuesto este estado de excepción”, reclamó.  

El estado de excepción seguirá rigiendo en 89 barrios de Tegucigalpa y 73 de San Pedro Sula, y se sumaron distritos de otros 73 municipios de Honduras, un país de 10 millones de habitantes. 

La medida faculta a los policías a “detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar o tener vinculaciones en la comisión de delitos y crímenes”.