Con apoyo del Registro Nacional de las Personas (RNP), la Comisión Interventora, presidida por la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, ha identificado clonación o suplantación de identidades y ha determinado someter a los privados a un enrolamiento.

Las autoridades explicaron que la clonación de identidades ha sido una práctica común utilizada por miembros de la Mara Salvatrucha y la pandilla Barrio 18 durante las últimas décadas, que consiste en que una persona se haga pasar por otra que ha sido procesada o condenada por el sistema judicial.

Esto le permite al clon ingresar al sistema carcelario y conseguir que la persona procesada o condenada pueda mantenerse en libertad y, en varios casos, continuar delinquiendo en las calles.

En años previos incluso se han cometido crímenes por parte de personas que, según datos del sistema carcelario, estaban recluidas.

Tal es el caso del pandillero del Barrio 18, José Virgilio Sánchez Sosa, alias ‘El Pechocho’, quien fue hallado como uno de los responsables de una masacre en San Pedro Sula, Cortés, en la que el 7 de septiembre de 2010 fueron asesinadas 17 personas que laboraban en una zapatería.

Al momento del atroz crimen, que la Policía atribuyó a un duelo entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, se identificó que en lugar de Sánchez Sosa, otra persona, con su identidad, se encontraba cumpliendo su condena.

Uno de los principales impedimentos para controlar esta situación, reconocieron desde la Comisión Interventora, es la renuencia de los privados de libertad para someterse al enrolamiento del RNP.

Esto a pesar de que se ha intentado instalar equipos del RNP en algunas cárceles, con el fin de tomar datos biométricos de los privados de libertad y así buscar evitar la suplantación de identificación personal.

Sin embargo, esta iniciativa no ha tenido el éxito deseado debido a la renuencia de los privados de libertad, quienes consideran que los estándares de seguridad del Documento Nacional de Identificación (DNI) son mayores a los de la antigua Tarjeta de Identidad.

Prueba de ello es que de los más de 19,000 privados de libertad que hay en Honduras, solo 2,255 habían recibido el DNI hasta 2022, según datos del RNP.