El Ministerio Público informó la ejecuta de Operación Poseidón III, el cual tiene como objetivo «no dar tregua al delito y darle una respuesta a las denuncias de la población». Por ello, trabajará en cusaciones ante los juzgados, detenciones in fraganti, cumplimiento a órdenes de captura, inspecciones, registros y operativos fijos.
Estas actividades planificadas, siendo la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) la encargada de dar seguimiento a los resultados de este día.
También la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), de su lado, trabaja en concatenar prueba relacionada a supuestas irregularidades en el sector salud, uno de los casos es el denominado Hospitales Móviles II.
Dicha línea de investigación está muy avanzada y de la que se espera individualizar responsabilidad penal a más partícipes de este megafraude por el que Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) derrochó más de 47 millones de dólares durante la pandemia por COVID-19.
Otro aspecto de interés del Ministerio Público en Poseidón III, es tutelar los derechos de los consumidores y adultos mayores de cara a la Semana Santa, por lo que en empresas de transporte, mercados, supermercados y varios centros turísticos y hospedajes se verifican precios, productos de temporada, supuestas ofertas y promociones.
Asimismo y como ya se ha informado, el Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE), el Módulo de Recepción de Denuncias (MRD) y la Fiscalía de Turno siguen recibiendo y procesando denuncias de víctimas vulnerables dentro de las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) u otras dependencias policiales, consecuentemente en el marco de esta operación se imponen medidas de seguridad contra agresores de mujeres y se coordina con otros despachos fiscales las diligencias de conformidad a los delitos cometidos.
Para el caso, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEPMUJER) presenta cinco requerimientos fiscales y coordina la ejecución de ocho capturas por violencia de género reportada en la ciudad capital. Similares causas se resuelven en oficinas regionales y locales, dándose además una alza en incidencia de delitos sexuales.