De una población penitenciaria de 19,458 reclusos, hay 9,567 (entre hombres y mujeres) que no han recibido una sentencia por parte de un tribunal.

El sistema penitenciario de Honduras también enfrenta un problema de sobrepoblación según el INP y el Conaprev, registrando una tasa de hacinamiento del 149%.

Los centros penales más afectados por esta problemática son Puerto Lempira (Gracias a Dios), Morocelí (El Paraíso), El Porvenir (Francisco Morazán), Ocotepeque (Ocotepeque), Comayagua (Comayagua), El Progreso, Olanchito y Yoro (Yoro), Tela y La Ceiba (Atlántida).

Medidas

Para abordar esta situación, el pasado 1 de junio se constituyó la Mesa Técnica de Desinternamiento de Privados de Libertad. Su objetivo es realizar un diagnóstico exhaustivo de los reclusos que podrían acceder al beneficio de excarcelación establecido por la ley.

De igual modo, el Poder Judicial hondureño está a cargo de llevar a cabo el proceso de liberación y aplicar el habeas corpus y el auto acordado relacionados con el descongestionamiento de la población carcelaria.

La excarcelación inicial se ha centrado en aquellos reclusos que padecen enfermedades graves que no pueden recibir tratamiento adecuado desde la prisión, así como en aquellos con enfermedades terminales.

Además, se está considerando la posibilidad de liberar a más reclusos. No obstante, algunos de ellos necesitan completar sus expedientes para optar al beneficio.

De manera simultánea, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) está llevando a cabo, desde el pasado 22 de junio, un proceso de desarme en las cárceles al tomar el control de los presidios, que estaba bajo administración de una junta interventora.

La presidenta Xiomara Castro delegó el manejo de los presidios luego de que en junio pasada murieran en una masacre 46 privadas de libertad en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara, Francisco Morazán.

Durante esta operación, que busca atacar la hegemonía que ejercen la pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha sobre las cárceles del país, se han decomisado drogas, dinero en efectivo y teléfonos celulares, incluso en centros penitenciarios de máxima seguridad.