A criterio del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, antes que todo se debe tener el reglamento de los dos nuevos regímenes que se crearían con la “Ley de Justicia Tributaria”.

“Lo que yo estoy solicitando antes de aprobar la nueva Ley de Justicia Tributaria, es que el reglamento salga antes”, dijo Fortín previo a reunirse junto a los demás miembros de la cúpula privada mañana con la comisión que dictamina esta reforma tributaria.

“Que tengamos a vista el reglamento de cómo va a funcionar zonas francas y Rinde antes de aprobar la ley”, reiteró en alusión a los dos nuevos instrumentos de exenciones que se crearían con esta ley.

De acuerdo a Fortín, esta reforma puede echar a perder miles de empleos y ahuyentar las inversiones, al tiempo de recordar que la contrapropuesta del sector privado ante esta reforma es revisar las leyes del Impuesto Sobre Venta, Impuesto Sobre la Renta y la creación de un “Monotributo”.

“Eso no se ha aprobado y pensamos que nosotros estamos con unas leyes muy viejas, que necesitamos escribirlas de nuevo, porque hay algunas que se contradicen”, señaló el presidente de la CCIT.

La propuesta busca “ver cómo van a funcionar estos dos nuevos regímenes; Rinde y zonas francas, porque en el decreto que tenemos solo lo mencionan rápidamente, pero la misma ley dice que el Ministerio de Finanzas tendrá 30 días, una vez publicado, para emitir el reglamento”, argumentó.

El anteproyecto de ley, entró esta semana a socialización con todos los sectores interesados, el lunes el FOSDEH y los economistas entregaron y expusieron sus puntos de vista.

Ayer le tocó el turno al CESPAD y a los banqueros, mientras en la zona sur empresarios, políticos y trabajadores salieron a las calles, a pedir que no se apruebe esta reforma por temor a perder los puestos de trabajo.

No obstante, el director del CESPAD, Gustavo Irías, descartó en base a un análisis presentado a la comisión de dictamen, que con esta reforma se vayan a perder empleos, ya que se respetarán los derechos adquiridos.

Es decir, que las empresas que cuentan con una exoneración, continuarán gozándola hasta que se les acabe el plazo otorgado, luego podrán adherirse a uno de los dos nuevos esquemas exonerativos que se crean con esta reforma.