Más de 140 organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y el medioambiente pidieron este jueves al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva que Brasil ratifique el acuerdo regional de Escazú, según un comunicado divulgado.
La solicitud para que el gigante suramericano ratifique el acuerdo fue enviada al ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, mediante una carta firmada por organizaciones que trabajan con comunidades que se han visto afectadas por el impacto causado al medioambiente y la violencia generada por la defensa de los biomas.
“La ratificación del Acuerdo de Escazú representaría un merecido reconocimiento a los invaluables esfuerzos de los defensores ambientales para proteger nuestro planeta”, dijo Maria Laura Canineu, directora para Brasil de Human Rights Watch, citada en un comunicado.
“Tras la hostilidad vista en los últimos años hacia el medioambiente y sus defensores en el país, el presidente Lula necesita demostrarles a ellos, y a la comunidad internacional, que Brasil los apoya”, agregó.
La ONG destaca que el acuerdo también exige que los gobiernos participantes brinden a los defensores de los derechos humanos ambientales un entorno de trabajo seguro y los proteja de cualquier ataque, amenaza o intimidación en su contra.
Para HRW, este aspecto “es particularmente relevante para países como Brasil”, donde quienes defienden el medioambiente han tenido que enfrentarse a la violencia que va de la mano con la destrucción de biomas y ecosistemas.
Solo en la Amazonía brasileña, más de 300 personas murieron en la última década por conflictos relacionados con el uso de la tierra y los recursos naturales, según datos de la Comisión de Pastoral de la Tierra (CPT).
Creado en marzo 2018 el acuerdo ya ha sido adoptado por 24 estados de América Latina y el Caribe, no obstante, Brasil aún tiene pendiente enviarlo al Congreso para su aprobación.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, garantiza la participación de la sociedad civil en decisiones ambientales.
Asimismo, es el primero que contiene disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en materia ambiental.